Diferencias entre el Gobierno y las consultoras por el costo fiscal del paquete de medidas aprobadas en el Congreso

El Senado de la Nación dio luz verde a una serie de proyectos de ley que, según el Gobierno, comprometen gravemente las finanzas públicas. Estas iniciativas abarcan desde aumentos en jubilaciones y pensiones hasta cambios en la distribución de fondos coparticipables, lo que provocó una fuerte reacción por parte del Poder Ejecutivo, que denuncia un intento de "destruir" su plan económico.

Las propuestas aprobadas en la Cámara Alta incluyen un incremento del 7,2% en las jubilaciones, destinado a compensar el desfasaje de 2024, y un aumento del bono jubilatorio de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación con dos meses de retraso. A esto se suma el restablecimiento por dos años de la moratoria previsional, que había caducado el 23 de marzo, permitiendo que personas con la edad de retiro pero sin los 30 años de aportes puedan jubilarse.

En el ámbito de la discapacidad, se plantea que la pensión no contributiva por invalidez sea del 70% del haber mínimo, junto con una compensación para los prestadores de servicios estatales en 2024 y su posterior actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Malestar en la Rosada

Por otro lado, los gobernadores impulsaron una iniciativa en el Senado para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el destino del impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación el oficialismo proyecta aumentar en 2026.

El presidente Javier Milei no tardó en calificar estas acciones como un intento de "romper todo" por parte de los gobernadores. En una contundente declaración, afirmó: "Quieren destruir al Gobierno Nacional porque lo que nosotros estamos haciendo prueba que lo que se hizo en la economía argentina en los últimos 100 años está mal y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero un negocio enorme para el partido del estado independientemente del color político".

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó las proyecciones oficiales sobre el impacto en el gasto público de estos proyectos. Según el titular del área, su aprobación implicaría un gasto del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra supera significativamente el superávit primario del 1,6% que el Gobierno se comprometió a alcanzar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025 en el marco del nuevo acuerdo.

Las alarmas ya se habían encendido a principios de semana, con la cotización del Banco Nación (BNA) alcanzando su valor máximo desde la salida del cepo y la baja de U$S 2.500 millones en las reservas del Banco Central por pagos a bonistas. Además, la aceleración de la inflación porteña (2,1% en junio) sirvió de anticipo para la inflación nacional.

Sin embargo, las estimaciones de las consultoras privadas difieren notablemente. Invecq, por ejemplo, proyecta un impacto del 1,7% del PBI, excluyendo el proyecto de los gobernadores. Detallan que "el costo anual de las mejoras previsionales -aumento en jubilaciones y bono- alcanzaría el 1,2% del PBI, la reinstauración de la moratoria previsional sumaría 0,2% del PBI, y las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto adicional de 0,3% del PBI". En su análisis, Invecq subraya que, aunque los aumentos individuales puedan parecer modestos, el volumen de beneficios del sistema previsional se traduce en un impacto fiscal significativo. "Sin una compensación mediante recortes en otras partidas del gasto será difícil ampliar los recursos destinados a jubilaciones sin poner en riesgo las metas de equilibrio fiscal", remarcaron.

Por su parte, Analytica presenta cifras aún menores. Consideran que el aumento del 7,2% implicaría un gasto de 0,17% del PBI de aplicarse de agosto a diciembre, lo que anualizado daría 0,40% del PBI. El aumento del bono a $110.000 más el ajuste por la fórmula de movilidad sería del 0,09% del PBI y 0,22% del PBI respectivamente. La prórroga de la moratoria por dos años más implicaría un gasto público de 0,06% del PBI en los últimos cinco meses del año, y 0,14% anualizado. Respecto a los proyectos de los gobernadores, estiman un impacto del 0,18% del PBI y 0,35% respectivamente. En total, Analytica calcula un gasto del 0,31% del PBI para lo que resta de 2025 y 1,11% del PBI por año, cifras que están muy lejos del 2,5% que advierte el Gobierno.